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10 de diciembre de 2024

Denuncia por violencia política de género contra María Dolores Miño

Derechos vulnerados o en riesgo:Libertad de opinión y expresión

Actores que vulneran o ponen en riesgo el derecho: Ministra de Inclusión Económica y Social

Tipo de acción que vulnera o pone en riesgo el derecho: Denuncia por violencia política de género

Resumen: Se presenta una denuncia por parte de la Ministra de Inclusión Económica y Social a la abogada María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia,

Locación: Quito

Resumen

El jueves 05 de diciembre de 2024, la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, presentó una denuncia por violencia política de género en contra de la abogada María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, argumentando un ataque a su imagen y a su trabajo.

Información completa

La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira,  el jueves 05 de diciembre en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) presentó una denuncia por violencia política de género en contra de la abogada y directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), María Dolores Miño, a partir de un intercambio de mensajes en la plataforma X.

El 30 de noviembre, después de una publicación de Rovira, María Dolores Miño respondió: “De ser alfombra del autoritarismo no se regresa”, a lo cual la Ministra publicó una respuesta: “!Regresar!! Yo nunca he compartido nada contigo, no comparto con miserables que  viven de exponer el dolor ajeno. Si nunca te han felicitado o te han deseado algo bueno, es porque no lo mereces”.

Rovira usó este intercambio de mensajes como argumento para sustentar su denuncia por violencia política de género, argumentando un desprestigio a su imagen. Según define el artículo 280 de la Ley Electoral, la violencia política de género es «aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de los derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia». 

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, consagran el derecho ciudadano a la libertad de expresión, sin censura previa y sujeto solo a responsabilidad ulterior. Estándares internacionales establecen además que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que deben, por lo tanto, ser más tolerantes a la crítica. 

No toda expresión crítica constituye violencia de género. Desde el Observatorio a las Libertades Ciudadanas instamos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a garantizar el debido proceso, respetando la normativa nacional y aplicando estándares internacionales en procura de la plena garantía de derechos. 

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