El 22 de junio de 2026, el periodista lojano Gonzalo Piña compartió en su página de Facebook una investigación publicada por Radio Pichincha sobre el proceso de insolvencia que enfrenta el asambleísta de Acción Democrática Nacional, Jorge Guevara. Según Fundamedios, el día 24 de junio, el periodista recibió una llamada telefónica de una persona que no se identificó y que lo amenazó con agredirlo físicamente si continuaba difundiendo información relacionada con el legislador. Piña aclaró que no pudo identificar al autor de la amenaza y que, por tanto, no podía atribuirla directamente al asambleísta. Sin embargo, el 25 de junio, el periodista recibió mensajes de WhatsApp enviados directamente por el asambleísta Jorge Guevara, quien le remitió el reportaje de Radio Pichincha marcado con la palabra “FALSO” y cuestionó su difusión mediante expresiones como «Para que te informes amigo», «Llegó tarde la noticia», que el periodista consideró intimidatorias en relación a su labor de difusión de información. La investigación periodística se sustentó en información pública disponible en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SAJTE). Radio Pichincha señaló que solicitó la versión del legislador antes de publicar la investigación, pero no recibió respuesta hasta el cierre del reportaje. 

La intimidación y las amenazas  dirigidas contra un periodista por difundir información documentada sobre un funcionario público pueden generar un efecto inhibitorio sobre otros comunicadores y limitar la fiscalización ciudadana de quienes ejercen cargos de elección popular. Este hecho ocurre, además, después de que el mismo legislador fuera cuestionado en mayo por una conducta hostil contra la periodista Carmen Luisa Samaniego durante un intento de entrevista en la Asamblea Nacional.

La Constitución reconoce en sus artículos 18.1 y 66.6 los derechos a buscar y difundir información de interés público sin censura previa. Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación dispone que este derecho incluye no ser molestado a causa de las opiniones y que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos y su artículo 18 prohíbe expresamente la censura previa por parte de una autoridad o funcionario público. En esa línea, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la intimidación y las amenazas contra comunicadores violan sus derechos fundamentales y restringen la libertad de expresión, por lo que el Estado debe prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus responsables y garantizar una reparación adecuada. De igual forma, el principio 11 reconoce que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio. En el caso Kimel vs. Argentina, la Corte IDH señaló que quienes ejercen funciones públicas están más expuestos al escrutinio y la crítica, y que de ello se deriva una mayor tolerancia frente a las afirmaciones y apreciaciones ciudadanas vinculadas con el control democrático. 

Desde el Observatorio a las Libertades Ciudadanas expresamos nuestra preocupación por la amenaza de agresión física y la intimidación denunciados por el periodista Gonzalo Piña después de difundir información de interés público. Exhortamos a la Fiscalía General del Estado a investigar la amenaza, identificar a su autor y determinar las responsabilidades correspondientes, y al Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, a través del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, a evaluar el nivel de riesgo del periodista y activar las medidas urgentes de prevención, protección y monitoreo que resulten necesarias. Asimismo, exhortamos al asambleísta Jorge Guevara y a las autoridades públicas a respetar el escrutinio ciudadano inherente a sus funciones y abstenerse de realizar actos o comunicaciones que puedan intimidar, hostigar u obstaculizar el ejercicio periodístico.