El 15 de mayo de 2026, medios de comunicación reportaron la muerte de una persona privada de libertad (PPL) en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, presuntamente a causa de tuberculosis. Según la información difundida, hasta esa fecha existían al menos tres PPL contagiadas con esta enfermedad en el centro penitenciario. El 20 de mayo, el ministro del Interior, John Reimberg, reconoció que entre abril y mayo al menos dos PPL habrían fallecido con cuadros asociados a tuberculosis y otras complicaciones de salud. El 24 de mayo, el Comité de Familiares por una Vida Digna alertó que alrededor de 35 PPL fueron trasladados desde la Cárcel del Encuentro al Centro Regional Guayas en graves condiciones físicas y con presunción de padecer tuberculosis.  En una entrevista, la Ministra de Gobierno, Nataly Morillo, descartó la existencia de una epidemia de tuberculosis y declaró que para precautelar la salud e integridad de otras PPL se han trasladado a los presos que necesitan atención médica a otros centros. Sin embargo, varios medios han denunciado la falta de respuesta y posicionamiento oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) sobre la situación real de los detenidos en la Cárcel del Encuentro. 

Estos hechos evidencian serios riesgos para la vida, salud e integridad de las PPL, especialmente ante la falta de información pública verificable sobre contagios, fallecimientos, atención médica, medidas de prevención y condiciones de salud de los retenidos en la Cárcel del Encuentro, vulnerando sus derechos constitucionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 5.2 que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto a su dignidad y Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH reconocen su derecho a la salud. La CIDH ya había advertido en 2022 sobre el impacto del hacinamiento y las deficientes condiciones sanitarias en el aumento de enfermedades infecto contagiosas como la tuberculosis en las cárceles ecuatorianas. Adicionalmente, el 30 de diciembre de 2025 la CIDH emitió un fallo de medidas cautelares a favor de PPL en el Centro de Privación de la Libertad Guayas N° 1, al considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentaban un riesgo de daño irreparable. 

Desde el Observatorio de Libertades Ciudadanas expresamos nuestra profunda preocupación por la situación sanitaria en la Cárcel del Encuentro y rechazamos la falta de información oficial clara y oportuna sobre los fallecimientos, contagios y medidas adoptadas frente a posibles casos de tuberculosis. Exigimos al SNAI, al Ministerio de Gobierno y al Ministerio del Interior transparentar de inmediato la situación del centro, garantizar atención médica adecuada y especializada, y permitir verificaciones independientes sobre las condiciones de las personas privadas de libertad. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de salud, alimentación e integridad compatibles con los estándares constitucionales e interamericanos aplicables a personas bajo custodia estatal.