El proyecto de ley plantea serios riesgos para la vigencia y garantía de los derechos y libertades fundamentales al instaurar un régimen especial de seguridad y justicia que otorga facultades amplias y discrecionales a un Bloque de Seguridad liderado por el Ejecutivo. Estas incluyen la recolección de datos privados sin autorización judicial previa, allanamientos sin orden judicial, detenciones administrativas por hasta 72 horas sin intervención judicial y procedimientos sumarios para delitos asociados al conflicto. Se advierten vulneraciones al debido proceso (Art. 76 de la Constitución), a la igualdad ante la ley (Art. 11 de la Constitución ) y a la privacidad (Art. 66 num. 20 de la Constitución ). Además, consagra la facultad del presidente para indultar a acusados sin sentencia, lo que contraviene el principio de legalidad y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas.

De aprobarse en la forma propuesta,  la norma generaría un grave retroceso en la vigencia y garantía de derechos fundamentales, permitiendo al Ejecutivo operar bajo criterios amplios y sin control judicial alguno. La facultad para declarar zonas de seguridad, ejecutar allanamientos sin orden judicial y recolectar información privada sin autorización, pone en riesgo la privacidad y vulnera la protección de datos personales. La tipificación de la pertenencia a grupos armados como delito independiente, sin una definición clara, abre la puerta a la criminalización de conductas no delictivas. Asimismo, el privilegio procesal para policías y militares rompe con el principio de igualdad procesal, mientras que la concesión de indultos anticipados sin sentencia pone en riesgo el acceso a la justicia. 

Instamos a la Asamblea Nacional a revisar exhaustivamente el proyecto de ley para que su contenido se ajuste al marco constitucional vigente. Exhortamos a las organizaciones de la sociedad civil, a la Defensoría del Pueblo y a los organismos internacionales a analizar el proyecto y emitir observaciones y recomendaciones para que este se adecue a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.