El 19 de junio de 2026, Ecuavisa informó que el periodista Hernán Higuera, quien investigaba el caso Progen sobre posibles irregularidades en contratos de generación eléctrica suscritos por CELEC, decidió apartarse de la investigación periodística tras hechos que afectaron directamente a su familia. Según el medio, después de la publicación de reportajes sobre este caso, la esposa del periodista fue desvinculada de un cargo público y su hijo perdió su plaza estudiantil de internado médico en el Hospital Carlos Andrade Marín. Ecuavisa señaló además que, antes de estos hechos, el Secretario General de la Administración Pública, José Julio Neira, difundió mensajes públicos en los que cuestionó al medio y al periodista por su cobertura del caso Progen, refiriéndose a la misma como “relatos que afectan la verdad”.

Estos hechos y la decisión del periodista de abandonar una investigación de interés público evidencian un grave riesgo para el ejercicio libre del periodismo de investigación en Ecuador. El hostigamiento a la labor periodística de medios y presiones dirigidas contra el entorno familiar de un comunicador, después de publicaciones sobre posibles hechos de corrupción, puede producir un efecto inhibitorio sobre otros periodistas y medios de comunicación al desalentar la investigación de posibles irregularidades en la gestión pública por miedo a represalias. Esta situación también afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre asuntos de interés público, especialmente cuando se trata de ejercicios de fiscalización y control social.

La Constitución reconoce en sus artículos 16 y 18, los derechos a una comunicación libre, a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información de interés público sin censura previa. Asimismo, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación dispone que este derecho incluye no ser molestado a causa de las opiniones y que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales y su artículo 18 prohíbe expresamente la censura previa por parte de una autoridad o funcionario público. En esa línea, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Así como La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece, en su principio 13, que la utilización del poder del Estado con el objetivo de presionar y castigar a comunicadores sociales y medios de comunicación atenta contra la libertad de expresión. Asimismo, la Corte IDH, en el caso Ríos y otros vs. Venezuela, ha desarrollado estándares sobre el deber estatal de evitar actos y discursos oficiales que puedan agravar situaciones de hostilidad contra periodistas o medios de comunicación.

Desde el Observatorio a las Libertades Ciudadanas expresamos nuestra solidaridad y preocupación por las represalias denunciadas contra el periodista Hernán Higuera y su entorno familiar, así como por el uso de declaraciones oficiales que puedan desacreditar o intimidar el trabajo periodístico. Exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones públicas involucradas a transparentar y motivar las decisiones administrativas adoptadas respecto de los familiares del periodista. Exhortamos al Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, a través del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, a evaluar el riesgo que enfrentan el periodista y su familia y activar las medidas urgentes de prevención y protección que correspondan, así como exigir el cumplimiento de la libertad de prensa. Asimismo, exhortamos a la Defensoría del Pueblo a vigilar el respeto a la libertad de prensa y activar las acciones de protección correspondientes.