La noche del 8 de noviembre de 2026, Tomás Alfonso Beltrán Conforme, periodista y director del medio digital Calcetines, fue asesinado a tiros en los exteriores de su vivienda en Calceta, cantón Bolívar, Manabí. Desde 2023, Beltrán ya había denunciado amenazas y agresiones en su contra. Según la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), Beltrán ingresó al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado en mayo de 2025. El 15 de abril de 2026, la Mesa informó que dos colaboradores de Calcetines habían sido asesinados y que Beltrán había recibido panfletos con amenazas de muerte los días 4 y 8 de abril, después de presentar una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la alcaldesa del cantón Bolívar. La MAPP advirtió que la protección existente era insuficiente frente al riesgo, informó que había puesto al periodista a resguardo y pidió al Consejo de Comunicación activar el mecanismo estatal de protección al trabajo periodístico.

El asesinato de Beltrán, precedido por el de dos colaboradores del mismo medio, pone en riesgo la continuidad de la cobertura local y puede desalentar a otros periodistas de informar sobre asuntos de interés público en Calceta. Las amenazas ampliamente documentadas y la incorporación de Beltrán al sistema de Fiscalía hacen necesario esclarecer si se re-evaluó su riesgo y qué medidas de protección se mantuvieron hasta el momento del asesinato. La MAPP y varias organizaciones de derechos humanos condenan el asesinato y piden investigar prioritariamente su posible relación con la labor informativa del periodista.

El artículo 9.1, literales i) y j), de la Ley Orgánica de Comunicación establece garantías para la vida y la seguridad integral de quienes ejercen el periodismo y prevé medidas de protección ante riesgos extraordinarios o sistemáticos. Su artículo 42.1 crea el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico y lo faculta para realizar o solicitar evaluaciones de riesgo y medidas de protección. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH recoge el deber estatal de prevenir e investigar los ataques contra comunicadores, sancionar a sus responsables y asegurar reparación. En el caso Carvajal Carvajal y otros vs. Colombia, párr. 170, la Corte IDH advirtió que la violencia contra periodistas puede generar temor entre quienes cubren hechos similares. La RELE ha señalado que las investigaciones deben agotar las líneas vinculadas con la actividad periodística de la víctima.

Desde el Observatorio a las Libertades Ciudadanas condenamos el asesinato de Tomás Beltrán. Exhortamos a la Fiscalía General del Estado a investigar con celeridad y debida diligencia el crimen, agotar la línea vinculada con su labor periodística y esclarecer cualquier relación con las amenazas previas y los asesinatos de los dos colaboradores de Calcetines. Solicitamos a la Fiscalía revisar las medidas de protección adoptadas y al Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación informar qué seguimiento dio a la solicitud de abril, dentro de los límites de reserva aplicables. Exhortamos al Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico a evaluar de inmediato los riesgos que enfrenta el equipo de Calcetines y coordinar las medidas que correspondan.