El 4 de septiembre de 2026, el periodista Fabricio Vela anunció su salida voluntaria del canal RTU y el fin de su programa ReVELAciones, después de denunciar lo que calificó como un intento de censura. Según relató, una entrevista que había sido previamente grabada y promocionada fue inicialmente impedida de salir al aire por decisión de directivos del canal. Vela manifestó su oposición a esta decisión y consiguió que el contenido finalmente fuera transmitido. Posteriormente, señaló que directivos de RTU le comunicaron que el canal tendría dificultades para acceder a pauta gubernamental hasta mediados de septiembre y relacionaron esta situación con la emisión de la entrevista. El periodista precisó públicamente que no cuenta con pruebas que permitan comprobar esta última afirmación y que se limitaba a relatar la explicación que recibió dentro del medio.

El intento denunciado de impedir la transmisión de un contenido periodístico genera preocupación sobre las condiciones de independencia editorial en las que periodistas y medios pueden ejercer sus funciones. Esta preocupación se profundiza ante la posibilidad de que la asignación o retiro de publicidad estatal pueda estar vinculada con los contenidos difundidos por un medio. Aunque hasta el momento no existe información pública que permita comprobar una relación entre la entrevista y una eventual afectación de pauta gubernamental, la utilización de recursos públicos para premiar o castigar líneas editoriales constituye una forma de presión indirecta capaz de generar autocensura y condicionar las decisiones informativas de medios y periodistas. La decisión de Vela de abandonar RTU después de estos hechos evidencia además un impacto concreto sobre el ejercicio independiente de su actividad periodística.

La Constitución reconoce en sus artículos 66.6 y 18.1 los derechos a expresar libremente el pensamiento y a buscar y difundir información sobre asuntos de interés general. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que la libertad de expresión no puede restringirse por vías o medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. En el ámbito interamericano, el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe restringir la libertad de expresión mediante vías o medios indirectos. De forma específica, el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial utilizada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a comunicadores y medios en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su documento “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión” ha señalado además que la distribución arbitraria de publicidad oficial puede funcionar como un mecanismo de premio o castigo destinado a condicionar la línea editorial de un medio y que los recursos publicitarios estatales nunca deben distribuirse con base en sus contenidos editoriales o informativos.

Desde el Observatorio a las Libertades Ciudadanas expresamos nuestra preocupación por el intento de censura denunciado por Fabricio Vela y por la posible utilización de publicidad oficial como un mecanismo de presión sobre la independencia editorial. Exhortamos a RTU a transparentar las circunstancias que llevaron inicialmente a impedir la emisión de la entrevista y garantizar la independencia de sus periodistas frente a presiones externas. Asimismo, solicitamos a las instituciones estatales responsables de la asignación de publicidad oficial transparentar los criterios, contratos y decisiones relacionados con la pauta destinada a medios. Recordamos que los recursos públicos destinados a publicidad oficial deben distribuirse bajo criterios objetivos y transparentes y nunca utilizarse para premiar o castigar líneas editoriales o coberturas críticas.