La noche del martes 28 de octubre, mientras participaba en una actividad deportiva en el coliseo municipal de Salitre, Fernando Álvarez fue asesinado a tiros. Testigos relataron que varios hombres armados ingresaron al recinto, lo identificaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocando su muerte inmediata. Los atacantes huyeron del lugar.

El asesinato de un comunicador que administraba un medio dedicado a la denuncia ciudadana y la fiscalización local constituye un ataque directo a la libertad de prensa y de expresión. Este acto de violencia silencia una voz crítica y genera miedo entre los periodistas locales, en un contexto de inseguridad creciente y falta de mecanismos de protección para el gremio de periodistas y comunicadores en el país.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad marcada por la expansión del crimen organizado y el incremento de muertes violentas, pese a la declaratoria de conflicto armado interno vigente desde inicios de 2025. En este escenario, los comunicadores locales son especialmente vulnerables, al ejercer su labor informativa en condiciones de alto riesgo.

El asesinato de Fernando Álvarez no es un hecho aislado. Forma parte de una escalada de violencia letal contra la prensa que ha cobrado la vida de Leonardo Rivas, director de noticias de Radio Cariñosa (noviembre 2024); Patricio Aguilar, editor de El Libertador (marzo 2025); y Xavier Ramos, colaborador de El Universo (agosto 2025).Organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como Fundamedios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han condenado el hecho y exigido a las autoridades una investigación inmediata y efectiva.

Este crimen vulnera el derecho a la vida, garantizado en el artículo 66.1 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Más allá del acto atroz, constituye un ataque a la prensa y una forma extrema de censura. Al asesinar a un comunicador dedicado a la denuncia pública, se violentan los derechos a la comunicación libre (Art. 16.1, CRE), a producir y difundir información (Art. 18.1, CRE), y a opinar y expresar el pensamiento libremente (Art. 66.6, CRE), así como la libertad de prensa (Art. 13, CADH).

Este hecho expone las falencias del Estado en su obligación primordial de «respetar y hacer respetar» los derechos fundamentales (Art. 11.9., CRE), y en su deber específico, detallado en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), de «garantizar el ejercicio periodístico, la seguridad integral y la vida de las y los trabajadores de la comunicación» (Art. 9.1, lit. i) , así como de «fortalecer la protección pública como comunicadores… en las zonas en las que se encuentren realizando actividades de riesgo» (Art. 44, lit. a).  Además, incumple con la obligación internacional de prevenir estos actos, conforme al Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

Instamos a la Fiscalía General del Estado a iniciar de oficio una investigación exhaustiva, célere e imparcial, que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales del asesinato. Exigimos que la principal línea de investigación considere la vinculación del crimen con la labor periodística y las denuncias difundidas por el comunicador.

Exhortamos al Gobierno Nacional a trabajar con el Mecanismo de Protección de Periodistas para adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar la vida, seguridad e integridad de los comunicadores, y prevenir nuevos hechos de violencia que amenacen la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado.