El 28 de octubre de 2025, se publican en el Registro Oficial N° 153 los Acuerdos Ministeriales MIT-25-47-ACU y MIT-25-48-ACU emitidos por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), en los que se declara como confidencial la información relacionada al manejo del programa “Jóvenes en acción” y del mecanismo de compensación a transportistas por la eliminación del subsidio al diésel, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 180. 

El Instructivo Para El Monitoreo, Supervisión Y Control Del Cumplimiento De Las Actividades Ejecutadas Por Los Beneficiarios Del Mecanismo Jóvenes En Acción, así como el Instructivo Para La Aplicación De Las Disposiciones Contenidas En El Decreto Ejecutivo Nro. 180  emitidos por el MIT incluyen en su art. 3 y art 4. respectivamente una cláusula denominada Confidencialidad de la información, en la que se detalla: “Los datos, información y/o documentación que se maneje en el presente procedimiento son de carácter confidencial, en tal sentido, las y los servidores públicos de las unidades a cargo tendrán la obligación de manejarla con absoluta reserva y restricción. Las y los servidores públicos designados para el manejo y/o acceso a la información del presente procedimiento deberán obligatoriamente y de forma previa suscribir un acuerdo de confidencialidad”. 

Este artículo limita el acceso a la información de carácter público restringiendo el monitoreo y control social al uso de recursos públicos, como lo son el manejo de ayudas directas y/o subvenciones generadas por parte del Estado. Adicionalmente, esta restricción contraviene el principio de legalidad al clasificar como reservada información que no se encuentra dentro de lo estipulado en el art. 15 de la LOTAIP dentro su régimen de excepciones.  

Un marco jurídico estable y la garantía a las libertades fundamentales, como lo son el acceso a la información pública y la participación ciudadana en el uso de recursos públicos, son esenciales para garantizar un Estado democrático y atractivo para el desarrollo. La consolidación y respeto al Estado de Derecho permite al país generar perspectivas positivas para la prosperidad, la inversión privada y las alianzas público-privadas. El uso de recursos públicos, así como la asignación y manejo de mecanismos de ayuda directa debe ser transparente y debe permitir generar debate sobre posibilidades de mejora y evaluar su efectividad.

Instamos al Ministerio de Infraestructura y Transporte a cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP y a transparentar la información pertinente en torno al manejo de los programas Jóvenes en Acción y al mecanismo de compensación a transportistas por la eliminación del subsidio al diesel.