El Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia representa una grave amenaza para los derechos fundamentales y el orden constitucional vigente al establecer un sistema de inteligencia con amplias facultades discrecionales, sin controles judiciales ni participación ciudadana efectiva.  Esta norma, de aprobarse en su estado actual, configuraría un aparato institucional opaco y autoritario, incompatible con el Estado de Derecho.

El texto que actualmente se discute al interior de la Asamblea Nacional  permite el acceso a información personal, técnica, histórica y en tiempo real — ubicación, redes, conexiones y movimientos — sin orden judicial (arts. 48–52). Además, legaliza el uso de cuentas secretas en el Banco Central para financiar actividades de inteligencia, bajo control exclusivo de la Contraloría General del Estado, que incluso tendría la facultad de incinerar los registros revisados (art. 9) eliminando toda trazabilidad o fiscalización futura. 

También se establece la obligación para instituciones públicas, privadas y personas naturales de entregar información sin protección de confidencialidad ni posibilidad de oposición, y se exime de responsabilidad penal, civil o administrativa a los agentes de inteligencia por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El ente rector del sistema es designado por el presidente y carece de mecanismos autónomos de supervisión, lo que facilita el uso político del aparato de inteligencia contra opositores, periodistas y defensores de derechos.

Las disposiciones contenidas en el proyecto de norma actualmente vulneran el derecho a la privacidad (art. 66.20),  a la protección de datos (art. 66.19), a la igualdad ante la ley (art. 11), a la seguridad jurídica (art. 82), así como la garantía al debido proceso (art. 76). Además, desconocen estándares internacionales, como el fallo Cajar vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige marcos legales con controles judiciales, garantías de cancelación y corrección de datos, y mecanismos de fiscalización efectiva.

La Comisión Especializada de Soberanía, Integración y Seguridad Integral debatió la versión final del texto el 7 de junio sin realizar mayores cambios, ni considerar recomendaciones técnicas y observaciones que fueron presentadas por varias organizaciones de sociedad civil a la opinión pública. De aprobarse este proyecto en los términos actuales, se consolidaría un sistema paralelo de inteligencia con capacidad de operar fuera del marco de garantías constitucionales, sin transparencia e institucionalizando mecanismos legales para el abuso de autoridad.

Instamos a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, a analizar la legalidad del acceso indiscriminado a información personal, y a la Defensoría del Pueblo – cuya función principal es la protección y tutela de los derechos – a pronunciarse sobre las amenazas a las libertades personales contenidas en el proyecto de ley. Esperamos que el Pleno de la Asamblea Nacional evalúe integralmente el contenido propuesto a la luz de los estándares internacionales y la garantía a los derechos fundamentales, previo a la aprobación de esta norma.