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22 de septiembre al 8 de octubre de 2025

Movilizaciones Sociales en el Ecuador: Violaciones Sistemáticas de Derechos Fundamentales

Derechos vulnerados o en riesgo:Derecho a la reunión y protesta pacífica Derecho a la libre asociación y reunión Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información Derecho a la vida Derecho a la integridad personal Libertad personal Derecho a la libre circulación y libre movilidad Derecho a la propiedad privada Garantías del debido proceso y derecho a la defensa

Actores que vulneran o ponen en riesgo el derecho: Estado ecuatoriano: Ejecutivo, Ministerio del Interior, ARCOTEL, Fiscalía General del Estado, fuerzas de seguridad.

Tipo de acción que vulnera o pone en riesgo el derecho: Bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes sociales. Detenciones arbitrarias y traslados irregulares de personas detenidas. Suspensión de medios de comunicación y bloqueo de comunicaciones. Censura digital y restricción temporal de redes sociales en zonas rurales. Uso excesivo de la fuerza, gases y perdigones para represión de protestas en contra de personas identificadas como prensa y manifestantes. Uso de fuerza letal. Intervención policial en espacios universitarios y religiosos. Criminalización judicial de activistas y manifestantes mediante investigaciones por “enriquecimiento ilícito” y “terrorismo”.

Resumen: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales, convocaron a movilizaciones indefinidas a nivel nacional desde el 22 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretado por el gobierno de Daniel Noboa

Locación: Varias ciudades del Ecuador - Quito, Cuenca, Latacunga, Otavalo, Ambato, Riobamba, El Tambo, entre otras.

Resumen

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales, convocaron a movilizaciones indefinidas a nivel nacional desde el 22 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretado por el gobierno de Daniel Noboa el 12 de septiembre de 2025. Al 8 de octubre, las protestas se mantienen activas en distintos puntos del país. 

Durante este período diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han registrado hechos con presuntas violaciones a los derechos humanos [+]:

 

 

Información completa

Lo ocurrido durante las movilizaciones sociales evidencian un patrón sistemático de acciones estatales que configuran un proceso de criminalización a la protesta social en el Ecuador: detenciones arbitrarias, traslado irregular de personas detenidas, suspensión de medios, bloqueo de comunicaciones, procesos judiciales contra líderes sociales, acusaciones penales infundadas, deportación de periodistas y, de forma agravada, el uso de fuerza letal contra manifestantes con resultado de muerte. Estas medidas no solo vulneran derechos individuales y colectivos, sino que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales que permiten que la protesta pacífica, la libertad de asociación y la libertad de expresión se ejerzan como pilar democrático.

De acuerdo con  estándares internacionales (Art. 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Art. 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), el derecho a la protesta solo puede ser limitado por medidas legales, necesarias y estrictamente proporcionales. Las acciones documentadas muestran un incumplimiento del Estado ecuatoriano en su deber de proteger a quienes de forma legítima ejercen este derecho, afectando gravemente la legitimidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho.

Exigimos al Gobierno del Ecuador, incluyendo al Ejecutivo, Ministerio del Interior, ARCOTEL y fuerzas de seguridad, que cesen de inmediato las acciones que vulneran los derechos fundamentales de quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica; instamos a la Fiscalía General del Estado y autoridades judiciales a garantizar el debido proceso y la defensa de las personas afectadas, así como de activistas y defensoras y defensores de derechos humanos; a la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos a supervisar y asegurar la protección efectiva de los derechos vulnerados, y exhortamos a todas las entidades estatales a actuar dentro de sus competencias, respetando los derechos fundamentales individuales y colectivos en el marco de las movilizaciones sociales en Ecuador.

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