En las últimas semanas se hizo pública la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, de haber recibido presiones internas provenientes de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, vinculadas al trámite de causas de delitos vinculados con  delincuencia organizada y lavado de activos. Serrano sostuvo además que se retiró la seguridad policial asignada, y que no se activaron medidas de protección, razón por la cual dejó constancia documental de lo sucedido y presentó su renuncia. Los audios de las presiones recibidas por Serrano se hicieron públicos a través de varios medios de comunicación.

A consecuencia de ello, el 21 de diciembre de 2025 la Asamblea Nacional aprobó llamar a comparecer a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura para dar explicaciones sobre los hechos. La comparecencia se realizó el 5 de enero de 2026, en la que Godoy negó interferencias y afirmó que la Judicatura no ejecuta esquemas de protección policial, atribuyendo esa competencia a la Policía Nacional. En paralelo, la Fiscalía informó el inicio de diligencias para investigar lo ocurrido.

Este episodio vulnera el derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República, por cuanto evidencia la falta de garantías para que las decisiones judiciales se tomen con independencia. Esta situación compromete también el debido proceso (art. 76 de la Constitución), pues la independencia del juzgador es una condición del juicio justo, y resulta incompatible con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige que toda persona sea juzgada por un juez independiente e imparcial.

Exigimos al Consejo de la Judicatura garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio seguro de la función jurisdiccional (bajo el art. 181 de la Constitución y el art. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial), lo que implica adoptar medidas administrativas oportunas y coordinar acciones para la protección de operadores de justicia, incluso cuando la ejecución material de la seguridad corresponda a otras entidades del Estado como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, como titular de la acción penal, debe continuar con las investigaciones de los hechos denunciados. La omisión o demora en el cumplimiento de estas obligaciones compromete la independencia judicial y vulnera la seguridad jurídica.